“Hay dos clases de tontos en el mercado: los que no cobran suficiente y los que cobran demasiado”
Proverbio Ruso
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“Hay dos clases de tontos en el mercado: los que no cobran suficiente y los que cobran demasiado”
Proverbio Ruso
El fracaso inicial en sus carreras. Aquí pueden encontrar un interesante artículo sobre la sicología del éxito y del fracaso publicado por el Wall Street Journal.
Aquí pueden encontrar una reciente entrevista a George Soros publicada en el New York Review of Books. Soros argumenta a favor de una mayor regulación en los mercados financieros y por una intervención más decidida de la Reserva Federal y del Gobierno de los Estados Unidos para evitar las consecuencias de la profundización de la crisis. Soros sostiene que la crisis es bastante grave. Hoy comienza una importante reunión del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal. Se espera una reducción de las tasas de interés. Gracias a Alejandro Oliveros por la referencia.
Rosa Morales, economista y profesora de la Universidad de Carabobo, escribe en su blog lo siguiente:
“A principios del mes de abril, el Estado venezolano en plenitud de sus derechos decidió nacionalizar la industria del cemento. Las empresas que operan en dicha industria son la mexicana Cemex, la francesa Holcim y la suiza Lafarge. La modalidad para la nacionalización sería la estructura de empresa mixta (60% en manos del estado). Entre los argumentos esgrimidos por funcionarios del gobierno y por el propio Presidente para nacionalizar dichas empresas se puede mencionar:
Comencemos por analizar la presunción de cartelización. Si es una presunción, primero se debe investigar si la presunción es cierta. De ser cierta, entonces, ¿no existen otras medidas distintas a la nacionalización para corregir esa falla de mercado?. Los abusos de posición de dominio son un tema que le compete a Procompetencia y la gama de medidas para resolver este tipo de problema es bastante amplia. La nacionalización sería una medida extrema.
Con respecto al argumento de funcionamiento por debajo de la capacidad. ¿El Estado venezolano determinó la capacidad óptima? ya saben, esto le permitiría conocer si las empresas están efectivamente operando por debajo de la capacidad. En caso de que lo hayan hecho, operar por debajo de la capacidad, ¿es un delito que merece la nacionalización? ¿Están las tres empresas operando por debajo de su capacidad? Si es así, cabría preguntarse: ¿Por qué operan por debajo de su capacidad?
En referencia a la exportación, que en algunos casos genera desabastecimiento y por ende, según el gobierno, es culpable del déficit de viviendas. Pregunto (suponiendo que es cierto el argumento de la exportación): ¿Por qué las empresas prefieren exportar a dejar la producción en el país?. Esa sería la pregunta que habría que hacerse para entender la solución. ¿Es realmente la escasez de cemento la culpable del déficit de vivienda? ¿El hecho de que las empresas cementeras sean privadas es la causa del déficit habitacional?
Ahora bien, con respecto al impacto ambiental. Si bien es cierto que es una externalidad negativa, ¿No existe algún tipo de impuesto para compensar el daño ambiental? ¿No existe una medida de compensación que alivie el daño ambiental? Al nacionalizar, ¿se evitaría el daño ambiental?.
Yo no abogo por las bondades de las empresas cementeras, pero si cuestiono la medida de nacionalización. La razón, es que me parece que el gobierno está “resolviendo” un problema sin entenderlo. Incluso diría que políticamente se está atando la soga al cuello porque en caso de no resolver el problema de vivienda, ¿a quién va a culpar?. El gobierno, al modificar la estructura de los derechos de propiedad, ¿a quién beneficia realmente?.”
Algunos ciudadanos de Tanzania recibirán cuarenta y cinco (45) dólares (un cuarto de su ingreso anual) condicionados a que pruebas periódicas de laboratorios demuestren que no se han contagiado del virus HIV. El experimento se realizará durante los próximos tres años y podrá medir el impacto de una política de transferencia condicionada en la tasa de contagio del HIV. ¿Cuál cree usted que será el resultado?
Las transferencias condicionadas se utilizan en diversas áreas de las políticas sociales, en particular, educación y salud, como es el caso del programa Oportunidades en México. Aquí pueden encontrar la nota de prensa completa sobre el experimento aparecida en el Financial Times.
La noticia aparecida en El Universal el pasado 22 de abril dice: “Los presos por homicidio, violación, secuestro, robos y narcotráfico ya no tendrán que cumplir íntegramente sus condenas tras las rejas. La razón: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo les devolvió, de manera temporal, la posibilidad de gozar de los beneficios procesales contemplados en la legislación venezolana (régimen de trabajo, libertad condicional, etc.), siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.”
Hoy, tres días después, El Universal nos informa que más de 1.000 reos han solicitado beneficios procesales luego de la sentencia del TSJ (aproximadamente 5% de la población carcelaria de Venezuela).
¿Qué efecto tiene la decisión del TSJ sobre la criminalidad?
La aplicación de beneficios procesales a presos por delitos graves disminuye los costos esperados de cometer un delito grave. La pena ahora será 2/3 de la sentencia o incluso1/4 de ella si el reo observa buen comportamiento. De acuerdo con el enfoque económico del crimen, el efecto de una disminución de los costos esperados de la actividad criminal es un incremento en el número de delitos. Hoy existe una mayor probabilidad de ser víctima de un delito grave en Venezuela como consecuencia de la sentencia (es muy difícil saber en cuanto se incrementa ésta probabilidad por la ausencia de data que permita realizar estos cálculos).
El incremento de los delitos que plantea este análisis no necesariamente proviene de los delitos que cometerían las personas que reciben los beneficios procesales. Para que se entienda bien, el enfoque económico del crimen sugiere que, en general, los costos de cometer delitos se abaratan con una medida como esta y que habrá más personas dispuestas a cometer delitos graves, y, los que ya los cometen, a incrementar su actividad. Ahora bien, otra cuestión aparte es si las personas que reciben los beneficios, luego de cumplido su tiempo de reclusión, cometerán nuevamente delitos. Esta es una pregunta empírica que sólo puede ser contestada con el debido procesamiento de la data. En muchas partes del mundo, no existen beneficios procesales para los presos por delitos graves pues se considera que existe una alta probabilidad de reincidencia. De acuerdo a ésta teoría, una persona recluida no puede, en principio, cometer delitos fuera del recinto penitenciario, lo que hace a la sociedad un lugar más seguro mientras el reo cumple la sentencia. ¿Qué piensa Usted?
La medida del TSJ fue tomada luego de una protesta generalizada de los reclusos por las lamentables condiciones de vida que ofrecen las cárceles en Venezuela y los injustificables retrasos judiciales. No hay duda que la situación carcelaria venezolana y judicial debe mejorar radicalmente. Sin embargo, la respuesta que ofrece el TSJ puede tener consecuencias no intencionales que, en mi opinión, deben ser consideradas al tomar este tipo de decisiones. Si queremos reducir la criminalidad, debemos incrementar el costo esperado de cometer un delito, lo que implica mejorar la probabilidad de captura y sanción de los delincuentes y, en general, mejorar las oportunidades de progreso (educación y trabajo) que alejen a miles de personas de la actividad criminal.
Estaré de viaje hasta el sábado 26 de abril por lo que no creo que podré escribir mucho hasta esa fecha. Nos vemos a finales de ésta semana .
La conexión telefónica celular estuvo pésima durante el día de ayer en Caracas. Cuando la tecnología falla nos damos cuenta de lo dependiente que nos hemos hecho de ella. Es difícil imaginarse los días sin el celular. Ni que decir de la computadora y el acceso a internet. ¿Alguien puede explicar -más allá de especulaciones y rumores- que está pasando con la telefonía celular en Caracas? ¿No deberían las empresas informar a sus usuarios si existe un problema con el servicio?
La falta de protección para testigos de hechos violentos disminuye los costos de cometer delitos en Venezuela al disminuir la probabilidad de captura. Hoy leemos la siguiente frase en una noticia que aparece en El Universal:
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