Angel Alayón

El 29 de enero pasado advertíamos que el retraso en la entrega de divisas para la adquisición de repuestos causaría como consecuencia no intencional un incremento en el robo de vehículos. Hoy una noticia de primera página en El Nacional confirma esta situación. Esta es la nota:

Entre enero y julio se recibieron 16.725 denuncias de carros robados
El robo de autos es consecuencia de las dificultades para importar

El control de cambio aplicado en Venezuela desde 2003 fomentó la actividad delictiva

THABATA MOLINA
tmolina@el-nacional.com
¡Vidrios arriba, seguros abajo! De acuerdo con los expertos, esa sería la regla principal en un manual de recomendaciones para evitar ser víctima del robo del vehículo. Durante los últimos 2 años este delito se incrementó 11,23%, al pasar de 23.150 unidades robadas en 2006 a 25.750 carros robados en 2007, según las cifras extraoficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Sin embargo, entre enero y julio de 2008, en el país se recibieron por lo menos 16.725 denuncias, lo que equivale a 2.389 vehículos por mes, y de acuerdo con los cálculos, la cifra podría llegar a más de 28.600 unidades robadas al finalizar el año.

Fermín Mármol García, abogado y profesor de Criminalística en la Universidad Santa María, asegura que el incremento del robo de carros en el país obedece a las trabas que tienen las compañías importadoras de repuestos para vehículos, como consecuencia del control de cambio implementado en Venezuela desde el 5 febrero de 2003, por lo que se formó toda una mafia que roba y revende repuestos a chiveras y particulares.

Un asesor de seguros de La Previsora, que pidió mantener su nombre en reserva, señala que cada vez es más complejo el trámite, y los lapsos de espera se alargan porque las distribuidoras de repuestos alegan que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) retarda la asignación de dólares preferenciales a los importadores.

“Pueden pasar, en casos extremos, hasta seis meses antes de que una pieza sea reemplazada. Es una situación que escapa de las manos de las empresas aseguradoras, de los talleres mecánicos y hasta del propio cliente, que muchas veces pierde la calma, porque cree que la compañía de seguros no quiere resolver su problema”, expresa el asesor.

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Los caraqueños nos informamos diariamente sobre la situación del tráfico de la ciudad por las transmisiones radiales que realiza Alejandro Cañizales desde un helicóptero. Los costos de utilizar un helicóptero y del personal necesario para realizar las transmisiones se pagan con publicidad. Escuchando estas transmisiones, noto que en Venezuela los helicópteros no se utilizan como una herramienta clave para la vigilancia de la ciudad y para la persecución de delincuentes y criminales, como si ocurre en otros países del mundo.

Pienso que el uso de los helicópteros incrementaría la probabilidad de captura, componente importante de los costos esperados de cometer un delito. ¿Por qué no se utilizan los helicópteros en la lucha contra el crimen en Venezuela? ¿Será sólo un problema de costos? Tengo la impresión de que los beneficios potenciales de introducir helicópteros como instrumentos en la lucha contra el crimen superarían a los costos, al menos para una ciudad como Caracas.

Los altoparlantes del metro de Nueva York anuncian que si alguien observa algo o alguien en actitud sospechosa debe reportarlo a la policía. Me pregunto como funcionaria una sugerencia como esa en el metro de Caracas. ?Habría en Caracas mas o menos “denuncias” que en Nueva York?. Mi intuición es que en Caracas habría menos denuncias, aun en el caso de que haya mas casos que “reportar”. En todo caso, la pregunta es si en Caracas deberíamos establecer una política similar en el metro. Cuáles serían los costos y cuáles los beneficios?

En el aeropuerto de Maiquetía hay unos pendones de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en los que se dice aproximadamente lo siguiente: “El traficante te ofrece dinero (foto de dinero), carros lujosos (foto de una Hummer) y lujos (foto de casa con piscina), pero lo que obtienes es la cárcel o la muerte.” La ONA asume que el traficante se pondrá nervioso ante el anuncio, y será detenido con mayor facilidad. El anuncio supone, evidentemente, la capacidad del traficante de ponderar los costos y beneficios de su peligrosa actividad. Sería interesante conocer si los pendones cumplen efectivamente su misión.

La noticia aparecida en El Universal el pasado 22 de abril dice: “Los presos por homicidio, violación, secuestro, robos y narcotráfico ya no tendrán que cumplir íntegramente sus condenas tras las rejas. La razón: La Sala Constitucional del Tribunal Supremo les devolvió, de manera temporal, la posibilidad de gozar de los beneficios procesales contemplados en la legislación venezolana (régimen de trabajo, libertad condicional, etc.), siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.”  

Hoy, tres días después,  El Universal nos informa que más de 1.000 reos han solicitado beneficios procesales luego de la sentencia del TSJ (aproximadamente 5% de la población carcelaria de Venezuela).

¿Qué efecto tiene la decisión del TSJ sobre la criminalidad?

La aplicación de beneficios procesales a presos por delitos graves disminuye los costos esperados de cometer un delito grave. La pena ahora será 2/3 de la sentencia o incluso1/4 de ella si el reo observa buen comportamiento. De acuerdo con el enfoque económico del crimen, el efecto de una disminución de los costos esperados de la actividad criminal es un incremento en el número de delitos. Hoy existe una mayor probabilidad de ser víctima de un delito grave en Venezuela como consecuencia de la sentencia (es muy difícil saber en cuanto se incrementa ésta probabilidad por la ausencia de data que permita realizar estos cálculos).

El incremento de los delitos que plantea este análisis no necesariamente proviene de los delitos que cometerían las personas que reciben los beneficios procesales. Para que se entienda bien, el enfoque económico del crimen sugiere que, en general, los costos de cometer delitos se abaratan con una medida como esta y que habrá más personas dispuestas a cometer delitos  graves, y, los que ya los cometen, a incrementar su actividad. Ahora bien, otra cuestión aparte es si las personas que reciben los beneficios, luego de cumplido su tiempo de reclusión, cometerán nuevamente delitos.  Esta es una pregunta empírica que sólo puede ser contestada con el debido procesamiento de la data. En muchas partes del mundo, no existen beneficios procesales para los presos por delitos graves pues se considera que existe una alta probabilidad de reincidencia. De acuerdo a ésta teoría, una persona recluida no puede, en principio, cometer delitos fuera del recinto penitenciario, lo que hace a la sociedad un lugar más seguro mientras el reo cumple la sentencia. ¿Qué piensa Usted?

La medida del TSJ fue tomada luego de una protesta generalizada de los reclusos por las lamentables condiciones de vida que ofrecen las cárceles en Venezuela y los injustificables retrasos judiciales. No hay duda que la situación carcelaria venezolana y judicial debe mejorar radicalmente. Sin embargo, la respuesta que ofrece el TSJ puede tener consecuencias no intencionales que, en mi opinión, deben ser consideradas al tomar este tipo de decisiones. Si queremos reducir la criminalidad, debemos incrementar el costo esperado de cometer un delito, lo que implica mejorar la probabilidad de captura y sanción de los delincuentes y, en general, mejorar las oportunidades de progreso (educación y trabajo) que alejen a miles de personas de la actividad criminal.